Famatina, Andalgalá y Tinogasta son ejemplos de que la megaminería no produce ni trabajo, ni desarrollo social, pero sí produce saqueo, contaminación y represión.
Un informe de la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería detalla que en la actualidad se encuentran en explotación 14 yacimientos y existen al menos 121 proyectos en exploración.
La mayoría de las empresas que desarrollan la actividad o intentan hacerlo son de capitales extranjeros. La megaminería implica la utilización intensiva de químicos de alta toxicidad y el consumo masivo de agua y energía, situación que coloca a la actividad en una condición estructural de tensión con las poblaciones y actividades económicas locales.
Cuando los vecinos de las distintas poblaciones se manifiestan en contra de la actividad, es alarmante como se produce una persecución y criminalización de la protesta social.
Mientras la Secretaría de Minería de la Nación se enorgullece de que la Argentina sea uno de los países con mayor dinámica en la actividad minera, la población advierte el avance minero como una violación a los derechos humanos, produciéndose en cada instalación, conflictos sociales que llevan años sin resolverse.
